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Ciudades Sin Borde

Desde las fronteras hasta las aulas: desafíos y oportunidades en el camino educativo de los migrantes en Apartadó

Jul 17, 2024

La migración hacia Colombia es un viaje lleno de desafíos y expectativas para los y las jóvenes venezolanas y sus familias, quienes buscan oportunidades fuera de su país, pero, una vez en territorio colombiano, la acomodación al sistema educativo nacional es un complejo laberinto de obstáculos lingüísticos, culturales y administrativos. Se tiende a pensar que la adaptación para los niños, niñas,  adolescentes y jóvenes migrantes es menos compleja puesto que se entiende que a esta edad es más fácil adaptarse a las nuevas dinámicas que propone la comunidad de acogida; sin embargo, la rutina escolar se convierte en un buen termómetro para identificar que hay muchas más dificultades para esta población en una verdadera inserción a la sociedad y presencia en escenarios de participación.

Desde el primer día en las aulas, las juventudes migrantes se enfrentan a la barrera del idioma. El español, aunque compartido por ambos países, puede presentar diferencias dialécticas y de vocabulario que dificultan la comunicación fluida. Los acentos diferenciados según las regiones de Venezuela desde donde se provenga marcan, en algunos y algunas, una visibilidad que los diferencia rápidamente en el aula con respecto al resto de estudiantes. Esto puede desencadenar situaciones de exclusión en la dinámica de relacionamiento e, incluso, influir de manera negativa en el desarrollo de la personalidad de las y los estudiantes extranjeros en aulas colombianas.  La adaptación lingüística se convierte, entonces, en el primer reto a superar en contextos educativos.

Además, quienes llegan de otro país deben lidiar con diferencias culturales que influyen en la dinámica escolar, como normas de comportamiento, estilos de enseñanza y dinámicas sociales que pueden ser distintos a los que están acostumbrados, generando un sentimiento de alienación. En las aulas colombianas, ya heterogéneas, el proceso de enseñanza y aprendizaje con integrantes migrantes aumenta la diversidad cognitiva en los procesos académicos y, sin adecuaciones curriculares, se puede ver afectado el desempeño de los y las jóvenes venezolanos. Adicional a esto, el colegio no puede entenderse como un ambiente aislado de la realidad de las comunidades y, en este sentido, la vida por fuera de él influye en su capacidad de aprendizaje. Por esto, enfrentarse a un entorno desconocido puede hacer que la integración se convierta en un proceso gradual y muchas veces doloroso, por la xenofobia que enfrentan de parte de diferentes actores del ecosistema educativo y social.

Por otro lado, la burocracia y los trámites administrativos añaden otra capa de complejidad al desafío educativo. La obtención de documentos, la matriculación en las instituciones educativas y la regularización migratoria son procesos que pueden ser largos y complicados, desmotivando a muchos jóvenes que ven que sus intenciones de iniciar o continuar sus procesos formativos no son suficientes para continuar sus trayectorias educativas, dadas las barreras que encuentran en los procesos administrativos.

El contexto al que llegan

Los retos que enfrentan los ciudadanos y ciudadanas venezolanas pueden parecer similares en todo el país, pero es evidente que estos se vuelven más difíciles de superar dependiendo de las dinámicas territoriales de las regiones a las que llegan, como es el caso de Urabá, subregión del departamento de Antioquia.

Según datos del DANE, en su última encuesta sobre Calidad de Vida realizada en el 2022, Urabá es la tercera subregión de Antioquia que más contribuye al PIB (Producto Interno Bruto) del departamento, aportando un 6,4 %. Sin embargo, esta prosperidad económica no se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida para la población. El acceso a servicios como el internet es limitado, con solo el 28,3 % de los hogares con conexión.

Según el mismo informe, la región enfrenta retos significativos en términos de pobreza, educación y empleo. Con una concentración de pobreza del 40,63 %, Urabá lidera esta estadística en Antioquia. Además, su cobertura en educación profesional es apenas del 21,3 %, la más baja del departamento, y su tasa de desempleo alcanza el 12,1 %, la más alta en Antioquia. La situación se agrava para los y las jóvenes y adolescentes entre los 14 y 28 años, quienes resaltan la cifra más alta de NiNis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), que corresponde a un alarmante 43,2 %.

Estas cifras pueden explicar las diferentes problemáticas que enfrenta la región y que se acentúan en municipios como Apartadó para la población juvenil, entre ellas, lo que se ha denominado como la “guerra entre pandillas”.

Esta realidad, en una posibilidad muy alta, es la consecuencia de las diferentes violencias que se han vivido en el territorio, pero, sin duda, la falta de oportunidades para la participación en otros ámbitos para las juventudes más marginadas del municipio agravan la situación. Estas juventudes han sido estigmatizadas por diversos comportamientos en sus dinámicas cotidianas, como el consumo de sustancias psicoactivas, lo que las ha aislado aún más y les confina dentro de sus propios barrios, situación que les vuelve vulnerables a pertenecer a los combos o pandillas.

Sobre este tema no ha habido estudios que permitan acciones contundentes desde una comprensión más integral del fenómeno; si bien existen aproximaciones teóricas y académicas en trabajos de grado de varias ramas del conocimiento de diversas universidades en Apartadó, estas no se han visto reflejadas en planes de gobierno o estrategias desde las administraciones municipales.

La institucionalidad ha abordado este fenómeno atribuyéndole la responsabilidad a el o la joven adolescente de pertenecer a las pandillas, y desde esa lógica se han desarrollado acciones para abordar la problemática a nivel social, con impactos todavía muy mínimos. En cuanto a lo judicial, se sigue estableciendo la represión y castigo en flagrancia de actos delincuenciales y violentos con responsabilidad, casi que absoluta, de el o la joven. Sin embargo, es esencial considerar que el municipio, así como toda la región, ha estado marcado por la presencia histórica de diversos grupos armados al margen de la ley, lo que ha generado conflictos y ha dejado a la población civil expuesta y vulnerable. La ausencia del Estado, sin duda, ha agravado esta situación, permitiendo que otras dinámicas, como el narcotráfico, se arraiguen fuertemente en el territorio. Esta situación, por supuesto, afecta a la juventud migrante venezolana que llega a la región.

En conversaciones con quien se ha consolidado como uno de los líderes sociales más importantes frente a las juventudes del municipio por su trabajo directo con los y las adolescentes de los barrios que pertenecen a estás dinámicas, menciona que “de los pelados que están hoy muy metidos en el tema, no he conocido al primer venezolano. Por un lado, puede ser porque estos pelados que llegan no se integran completamente en los barrios ni en las dinámicas de los mismos, sino que se encierran en sus casas, con sus familias (…) y por otro, quizá porque todavía es muy pronto para ello (…). Pero es claro que en cualquier momento puede pasar que se dejen seducir por el dinero que obtienen de estos trabajos ilegales o que la misma necesidad los lleve a ello. Los pelados empiezan a ver que se gana más en comparación con un trabajo formal y su afán de salir de pobres los conduce a aceptar pertenecer a estas estructuras”.

**Por seguridad de la fuente nos reservamos la revelación de sus datos

Explorando los desafíos

Obstáculos para la integración

La respuesta institucional al fenómeno migratorio en Urabá se ha visto restringida por la visión predominante de que se trata de un mero tránsito por la región, tanto por los entes locales como por los nacionales. Si bien es cierto que la ubicación estratégica de municipios como Turbo y Necoclí los convierte en puntos de cruce obligados para flujos migratorios ilegales hacia Centroamérica, Norteamérica e incluso Europa, esta perspectiva limitada ignora la realidad de otros municipios de la región, como el caso de Apartadó, donde muchas personas migrantes buscan establecerse y construir un proyecto de vida.

Según datos del GIFMM (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos), en 2020 Apartadó ocupaba el noveno lugar a nivel departamental y el primero a nivel regional en cuanto a concentración de personas refugiadas y migrantes venezolanos con vocación de permanencia.

Esta realidad, contrastada con la escasa acción institucional en pro de la integración en municipios como Apartadó, pone de manifiesto las graves implicaciones de esta comprensión limitada. Es evidente que esto retrasa la construcción de políticas y programas integrales enfocados a la integración social, económica y cultural de las personas refugiadas y migrantes, lo que, a su vez, genera condiciones de vulnerabilidad, dificultando su acceso a servicios básicos, oportunidades laborales y participación en la vida comunitaria; adicionalmente, puede aumentar las tensiones y conflictos con la comunidad de acogida, obstaculizando la convivencia pacífica y el progreso social del municipio.

El Plan de Desarrollo Territorial “Apartadó, unidos por la vida”, para el periodo constitucional 2024 – 2027, plantea la necesidad de implementar estrategias de integración social a través de espacios de intercambio cultural que permitan la expresión de saberes propios entre las comunidades de acogida y la población refugiada y migrante, de manera que se reduzcan las barreras causadas por la xenofobia. Sin embargo, en cuanto estrategias para el sector educativo, la propuesta se limita a socializar a la población refugiada y migrante el procedimiento que se requiere para apostillar la documentación académica para la convalidación de títulos en Colombia.

Otras organizaciones de base social y cooperación internacional están atendiendo a las y los migrantes y refugiados con acciones que se basan principalmente en la activación de rutas para el restablecimiento de derechos en términos de salud, Violencias Basadas en Género (VBG), empleo y educación, además de ayudas materiales y financieras, medidas importantes y hasta ahora las de mayor impacto, pero todavía contingentes frente al fenómeno.

Del derecho fundamental a la garantía

El Decreto 216 de 2021 del Ministerio De Relaciones Exteriores de Colombia “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”, emergió como un faro de esperanza en el horizonte educativo de migrantes venezolanos que buscan oportunidades en Colombia. Este decreto abre las puertas de las aulas colombianas, en los diferentes ciclos escolares, a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes migrantes, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, la realidad en el terreno es mucho más compleja y desafiante de lo que sugiere la letra del decreto, pues su alcance se ve limitado por una serie de obstáculos que las y los jóvenes deben enfrentar para ingresar a las instituciones educativas.

Por un lado, para hacer efectiva su  matrícula cada estudiante debe contar con las calificaciones de su último curso aprobado con apostillas en Colombia; si no cuenta con ellas, debe presentar un examen de suficiencia que determinará su asignación de curso, el cual es realizado por la institución educativa a la que pretenda ingresar. 

Debido a las dificultades alrededor del proceso de convalidación de los grados cursados en Venezuela, como el apostillamiento, que  tiene unos costos determinados por el Ministerio de Educación y que puede tardar entre tres y seis meses (y solo se puede hacer si el solicitante tiene una situación migratoria regular), muchos jóvenes y adolescentes se ven obligados a realizar el examen de certificación ofrecido por la Institución Educativa. Esta prueba es creada de manera autónoma por las instituciones según disposición de las Secretarías de Educación de los municipios y, en muchos casos, los y las aspirantes quedan en condición de extraedad una vez los ubican en el curso que, desde la evaluación, les han asignado.

De acuerdo con  el Ministerio de Educación en su informe “Atención educativa de NNA y adultos refugiados y migrantes venezolanos en Colombia y análisis de brechas”, a marzo del 2023  habían 1223 estudiantes venezolanos y venezolanas en el municipio de Apartadó matriculados en instituciones públicas,  y  el porcentaje de estudiantes extraedad, es decir,  que se encontraban por encima de la edad ideal para el grado que cursan era del 23 %.

Por otro lado,  de acuerdo con la resolución 298 de 2020 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), los y las estudiantes venezolanas pueden presentar el examen de validación del bachillerato (Pruebas Saber 11) utilizando su cédula venezolana o cualquier documento que acredite su identidad, como el NES, código que se les asigna por Secretaría de Educación del municipio luego de ser matriculado en un colegio; solo a las y los estudiantes que aprueben el examen se les solicitará una segunda entrega de documentación que acredite su identidad. Esta validación de identidad por parte del ICFES puede darse en fechas fuera de las oficiales de la publicación de resultados, por lo tanto, el proceso de graduación puede verse afectado, y aquí es importante mencionar que el acta y título de grado no se le entregará al estudiante sin tener su situación migratoria regularizada. 

Para reclamar los resultados se deberá allegar cualquier documento, certificación o acto administrativo expedido por una autoridad colombiana o autoridad venezolana que permita inferir que se trata de la misma persona, entre estos, se encuentra la certificación que demuestre estar inscrito en el Registro Administrativo de Migrantes venezolanos en Colombia (RAMV) que expide Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la que demuestre estar realizando trámites para la regularización migratoria y el Registro Consular que emite la República Bolivariana de Venezuela.

(Tomado de la resolución 298 de 2020 del ICFES).

Según los datos del Ministerio de Educación Nacional, durante 2022, 796 estudiantes venezolanos en Apartadó no tenían su situación migratoria regularizada y solo 13 estudiantes venezolanos presentaron las Pruebas Saber 11 con una calificación promedio de 232 puntos (el exámen de estado tiene un máximo de 500 puntos). Para ese año, el promedio de puntos de estudiantes colombianos en el municipio de Apartadó fue de 252. 

La regularización migratoria se convierte así en un obstáculo para los y las jóvenes que aspiran a cruzar diferentes ciclos de educación en Colombia. La falta de documentos como el pasaporte dificulta el proceso de regularización y deja a muchos jóvenes en un limbo legal que limita su acceso a la titulación y, por ende, a oportunidades de crecimiento personal  y profesional.

Esta situación se agrava aún más por la falta de recursos económicos para afrontar el proceso de regularización. Muchas familias migrantes carecen de los medios necesarios para costear los trámites administrativos y, en muchos casos, se ven obligadas a renunciar a la regularización y buscar alternativas en el trabajo informal para subsistir e incluso, las y los jóvenes se ven obligados a obtener trabajos que alternan con sus jornadas académicas.

Este es el caso de Krismar de Jesús Pinto Guerra, una joven venezolana que llegó a Apartadó hace cuatro años. Su familia la estaba esperando en este municipio porque habían viajado primero con tres y dos años de diferencia. Cuando llegó, sin necesidad de presentar examen de validación, ingresó al grado 11 en un colegio público y luego de cursar todo el grado, no obtuvo su título de bachiller, ni asistió a su graduación, ni le entregaron la fotos del prom. 

Hoy, tres años después de esto, Krismar tiene 23 años, sigue viviendo con su mamá, su papá, su hermana y, ahora, con su esposo y su hijo de tres años. Tiene un trabajo sin contrato y al que va solo tres o cuatro días a la semana. Hace tres años su mamá empezó a hacer las vueltas para regularizar su proceso migratorio, sin embargo, este no fue exitoso dado que su abuela, quién sirvió de testigo frente a los procesos de la registraduría, escribió en letra cursiva la información, lo que ocasionó que les devolvieran la papelería meses después sin culminar con éxito el proceso.

La no titulación, además, tiene consecuencias directas en el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior para los jóvenes migrantes. Sin el aval de un diploma, muchos jóvenes se ven excluidos de programas educativos que podrían brindarles las herramientas necesarias para construir un futuro más próspero. 

El seis de abril de 2024, a través de Migración Colombia, el Gobierno Nacional informó que para las y los tutores legales de niños, niñas y adolescentes que estén estudiando en cualquier colegio público o privado del país, se establecería un proceso para que saquen su Permiso Especial de Permanencia, sin embargo, a la fecha de publicación de este contenido no hay un decreto que sustente esta información ni una forma clara de establecer el proceso por parte de las personas migrantes y refugiados venezolanos.

Cifras para cuantificar la realidad

Según datos de R4V (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela) en su informe Atención educativa y análisis de brechas de NNA y adultos refugiados y migrantes venezolanos en Colombia: Documento de identificación, se muestra que a abril de 2024, en Colombia había 479 818 estudiantes venezolanos en los 33 departamentos del territorio nacional, de los cuales el 67 % (328 358) carece de la documentación necesaria para recibir su título de bachiller académico. En Apartadó, el  83 % de las y los estudiantes no cuentan con una identificación válida, superando la media nacional.

Para Angélica Quintero, rectora de la Institución Universitaria FESU, universidad que se encuentra en el corazón del municipio de Apartadó, si bien la norma es clara, es también cierto que muchas de estas situaciones pueden evitarse con voluntad institucional. Afirma que si las universidades hoy están recibiendo a estudiantes migrantes, lo ideal es que tengan o estén desarrollando programas especiales que les permitan la adaptación y, por supuesto, la regularización en el tiempo en que cursan sus programas profesionales, técnicos y/o tecnológicos, porque, de lo contrario, se alargaría la vulneración de sus derechos en ciclos casi interminables.

“Hoy tengo el caso de una mujer venezolana que está estudiando y que está pronta a graduarse, ¿cómo voy a decirle que no se va a graduar porque le hacen falta papeles? No es que ella o nosotros desconozcamos la norma, pero la pregunta tiene que empezar a ser para las instituciones: ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Y la solución no puede ser que no se reciben a los estudiantes porque se vuelven un problema. La respuesta debe ser la articulación interinstitucional, mesas de incidencia que de verdad se interesen por los procesos más allá de la matrícula. (…) La respuesta que tengo hoy es: no estamos haciendo nada de manera general. Yo puedo graduarla a través de un Decreto Rectoral. Reúno a la mesa directiva y al consejo académico, les expongo el caso y su diploma se le entrega. Ahora, ese es el caso nuestro, que tenemos menos burocracia y autonomía, pero otras instituciones, en las que sus procesos son más complejos, es posible que esta no sea una opción”, expresó la rectora. 

Hoy en día, cuando estudiar no es una prioridad para muchos y muchas porque encuentran más atractivo o se hace más necesario buscar fuentes de dinero que garanticen su supervivencia, que hayan jóvenes que todavía le apuestan a la educación como camino para avanzar en sus proyectos de vida es una acto revolucionario que necesita acciones contundentes que respondan a esa apuesta y que les permitan encontrar en las instituciones espacios de formación, pero también de participación, y que amplíen su experiencia de vida desde las dinámicas que no se dan necesariamente en las aulas de clase.

Circular 038 de 2023

Mientras investigamos este contenido periodístico, el ministerio de Educación Nacional publicó la Circular 038 de noviembre de 2023, donde comunica lineamientos para la atención educativa en los niveles de educación preescolar, básica, media y superior de la población migrante que garantice su acceso y permanencia.

La circular, dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, rectores de las instituciones de educación básica y media de las entidades territoriales certificadas en educación, representantes legales de las instituciones de educación superior oficiales y privadas, y directores regionales de migración Colombia, indica que, “cuando no se encuentre en curso ningún proceso de regularización migratoria, los directivos docentes también facilitarán el acceso, permanencia y la graduación de los programas de educación básica y superior en los niveles de educación profesional, técnica profesional y tecnológica, con la presentación de cualquier documento que permita identificar al estudiante o aspirante. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización de los sistemas de información y de los documentos académicos con el documento válido de identificación en Colombia cuando se posea el mismo”. Sin embargo, en conversación con un funcionario de la Secretaría de Educación, pudimos constatar que, en el municipio de Apartadó, no se da cumplimiento a la circular, ya que sigue siendo requisito para la graduación, en todas las instituciones educativas, que el estudiante migrante tenga algún documento válido en Colombia: visa, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal – PPT. Es decir, contrario a lo que dicta la circular, no hay plenas garantías para que la población migrante culmine sus ciclos académicos y obtenga los respectivos certificados, lo que vulnera su derecho a la educación.

Es importante precisar que la circular no modifica el proceso de validación de identidad realizado por el ICFES para los estudiantes venezolanos.

Si bien podría entenderse que la circular flexibiliza los requisitos para facilitar que la población migrante pueda obtener el diploma y el acta de grado, en pro de la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país; sin embargo, esta no modifica, de fondo, la normatividad vigente en Colombia para tal fin; es en el instructivo procedimental para la atención educativa de la población migrante, anexo en la circular, indica que si el estudiante no cuenta con un documento de identificación válido en Colombia durante el proceso de matrícula, las familias y cuidadores deben realizar todas las gestiones necesarias tendientes a normalizar su estatus migratorio. Así mismo, sugiere  a las instituciones a realizar un acta de compromiso para la regularización de los estudiantes, cuyo objetivo es dejar constancia por escrito de haber orientado a los padres y madres de familia, acudientes o tutores legales sobre la necesidad de que el estudiante cuente con los documentos legales en Colombia, que le permitan adelantar los estudios en el país, la presentación de las pruebas de Estado, obtener el título de grado de bachiller y acceder a los programas de educación superior.

Si el estudiante no ha regularizado su situación migratoria, se debe procurar desde las secretarías de educación y los establecimientos educativos que puedan participar de la ceremonia de grado y obtener su diploma y acta de grado; estos se expedirán con el número de identificación del país de origen o el código NES con el cual se encuentra registrado en el SIMAT. El Establecimiento Educativo debe informar al estudiante que una vez regularice su situación migratoria y cuente con un documento de identificación válido en Colombia, le será expedido un nuevo diploma y acta grado; por lo cual se recomienda dejar la anotación en el libro de actas, a fin de dejar constancia de la razón por la cual al estudiante se le está expidiendo un nuevo diploma y acta de grado en fecha posterior a la del grado inicial.

Una educación integradora: más allá del proceso legal y el acceso

Krisbel Gabriela Pinto Guerra, hija de una mujer colombiana retornada y de padre venezolano con ascendencia colombiana, llegó hace 7 años a Apartadó con su mamá y su abuela. Su papá había viajado un año antes y las estaba esperando. 

Cuando llegó, a sus 10 años, ingresó a quinto de primaria en una Institución Pública del municipio de la que se retiró tres años después.

“Ya he ido perdiendo el acento, entonces como que me siento más confiada para hablar y conseguir amigos. Me pasó que una vez una compañera me dijo que era una muerta de hambre y puse la queja y la regañaron, pero otro me dijo que era una veneca y no quise ni poner quejas ni decirle a mis papás para que no se fueran a preocupar más o hacer más grande el problema. Igual el compañero luego se disculpó”, afirma Krisbel.  

Hoy Krisbel tiene 17 años, estudia en otro colegio y está pronta a graduarse, y cuenta entre risas que “en octavo y noveno no me fue tan bien en el colegio porque ya tengo más amigos en el nuevo colegio, entonces creo que me relaje por andar con el desorden, pero pues, yo sé que me tengo que poner las pilas”.

Si bien es difícil cuantificar la cantidad de historias similares que existen a nivel nacional o regional, sabemos que no es la única, y refleja el desafío es para muchas personas jóvenes adaptarse a un nuevo sistema educativo mientras se lidia con la discriminación y la exclusión. Es crucial profundizar en esta realidad para comprender los factores que afectan la educación en nuestro país, especialmente en municipios como Apartadó.

La educación va más allá de ser un simple derecho; debe verse como un proceso completo que involucre no solo el acceso a las aulas, sino también la integración, permanencia y continuidad de las y los participantes en el sistema educativo. Es esencial abordar estos desafíos de manera integral, considerando las barreras socioeconómicas, culturales y políticas que puedan surgir. La inclusión de todas las y los estudiantes, sin importar su origen o situación, es fundamental para garantizar que cada individuo pueda aspirar a una educación de calidad y alcanzar su máximo potencial.

El documento “Hacia una educación para el siglo XXI en Antioquia”, elaborado por ProAntioquia en 2017, aborda la educación como un camino hacia el progreso, más allá de ser simplemente un derecho fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas. Reconoce la importancia de la calidad educativa y la integralidad de los procesos, así como la necesidad de una educación inclusiva y participativa que contribuya al avance social y productivo de los territorios. En el documento también se destaca la importancia de generar espacios de intercambio y construcción de conocimiento en torno a la labor pedagógica. Esto implica la revisión y actualización constante de los currículos escolares para adaptarlos a las nuevas necesidades de la sociedad. En este sentido, la participación de la población venezolana en estos procesos educativos es crucial para garantizar una educación que responda a las demandas actuales y futuras.

Y después de las conversaciones con varios docentes del municipio, la conclusión a la que llegan todos, casi que de manera inequívoca, es que las directrices están, pero que el cumplimiento no está en la vocación y voluntad de cada institución educativa. 

Eligio Castro, coordinador general de una de las instituciones públicas del municipio,  lo menciona como “la pericia” para garantizar la oportunidad de participar en  los procesos educativos para los NNA: “conversando y conociendo su situación es que uno puede ayudarles a activar otras rutas. y todas las acciones que se puedan realizar a nivel interno en la Institución valdrán la pena”. Entre tanto, Alexis Rivas, docente de otra institución del municipio menciona que

 “es casi que un reto, incluso para nosotros en las instituciones, para reformular los PEI [proyectos educativos institucionales] y modificar los sistemas institucionales de evaluación, y si no permitimos que las otras culturas no permeen el sistema educativo, estaríamos discriminándolos; es necesario que hayan nuevas didácticas y metodologías que cobijen a los que llegan a participar de los procesos de formación”.

La situación educativa de las y los adolescentes venezolanos en Apartadó no solo tiene implicaciones inmediatas, sino también repercusiones a largo plazo que moldean el futuro de estos jóvenes y de la sociedad en su conjunto.

La falta de acceso y continuidad en el sistema educativo puede perpetuar el ciclo de la pobreza y la exclusión social entre la población migrante con respecto a la comunidad de acogida, disminuyendo sus oportunidades de integración. Sin una formación académica adecuada, estos adolescentes enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales dignas y contribuir al progreso económico y social de la comunidad de acogida; por otro lado, es igual de importante considerar los problemas de salud mental que pueden manifestarse en las y los adolescentes al ver las pocas posibilidades de soñar con las oportunidades que tienen quienes les rodean  para ejecutar sus proyectos de vida, además de quedar mucho más expuestos y vulnerables a empezar a ser parte de las dinámicas violentas que ya existen y predominan en el territorio.

Es urgente que en el municipio de Apartadó el enfoque con el que se comprenden las diversas problemáticas sociales y la migración sea ampliado hacia visiones más integrales e incluyentes, donde converjan diferentes actores del ecosistema social.

Además, es necesario que la comunidad venezolana pueda acceder no solo a la información oportuna frente a estos temas, sino también que cuenten con la asesoría adecuada para una mayor comprensión, dado que, si bien en el municipio de Apartadó muchas normatividades no se cumplen, es pertinente que la sociedad organizada revise puntualmente las razones por las que no sucede y hacer seguimiento y veeduría cercana en pro del cumplimiento de las mismas para no continuar perpetuando el ciclo de vulneraciones de los y las adolescentes migrantes en el municipio. 

Descarga la investigación aquí

Fuentes: