El atentado contra Miguel Uribe precandidato presidencial perteneciente a una élite política del país ha generado múltiples hipótesis. Mientras algunas voces intentan convertirlo en un campo de disputa ideológica alrededor de las responsabilidades, desde Casa de las Estrategias creemos que  es indispensable entender cómo un adolescente de 14 años termina siendo el actor material de un acto como este.

Consideramos fundamental ampliar la discusión sobre la responsabilidad del Estado, no solo en el combate al sicariato, sino en la prevención estructural que permita evitar que adolescentes accedan a estas redes criminales. Esto requiere incorporar de forma efectiva y sostenida el enfoque de justicia Restaurativa dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

La justicia restaurativa no evade la responsabilidad del joven, pero la entiende de forma distinta: busca la verdad, identifica a quienes lo instrumentalizan, le permite asumir lo ocurrido, reparar el daño y restablecer sus derechos y vínculos sociales. No basta con castigar el disparo: hay que desactivar el circuito de exclusión que empuja a un adolescente a involucrarse en estas redes criminales. 

Lo que escandaliza —el disparo en público, la juventud del implicado, la magnitud política del objetivo— es solo el síntoma. La causa viene de más atrás. Se trata de una violencia más lenta, menos visible, pero más constante. Y que alimenta a la otra.

A los 14 años no se construye una carrera criminal. A esa edad, ni siquiera se ha alcanzado a construir un proyecto de vida. Lo que se busca con torpeza, a veces con rabia es pertenecer. Sentir que se es alguien. Que se vale algo. A esa edad se necesita un lugar en el mundo, no solo desde una celda con código penal.

Llevamos más de 15 años trabajando con adolescentes en Medellín, Cúcuta y Apartadó: en barrios, casas culturales, colegios públicos y CAES. Sabemos que la pregunta no es cuánto tiempo un joven debe estar privado de la libertad, sino por qué llegó ahí en primer lugar y cómo truncar ese inicio criminal de eso se trata el Sistema de Responsabilidad Penal.

En nuestras investigaciones como Ciudades sin Miedo, Desenjaulados, Economía de vínculos y Factores determinantes en la reincidencia juvenil escuchamos una y otra vez a adolescentes que no entraron al sistema penal por pura maldad, sino por abandono acumulado y, en muchos casos, por la utilización o instrumentalización de un adulto que debe ser responsabilizado.

Un joven con pena intramural, entrevistado en el marco de la investigación Desenjaulados, nos dijo:

“Aquí adentro, por lo menos alguien me escucha. Afuera nadie me preguntó nunca cómo estaba.”

No minimizamos el acto violento; por el contrario, nos continúa alarmando lo “fácil” que resulta atentar contra la vida de otra persona en nuestro país. Tampoco negamos el impacto de la violencia homicida, pero sí creemos necesario continuar ampliando la mirada hacia las violencias estructurales que permiten que alguien considere posible que a los 14 años ya se eligió la criminalidad como proyecto de vida, porque es ignorar todo lo que ocurre antes.

Cuando un adolescente llega a disparar, ya ha sido vulnerado muchas veces: por escuelas que expulsan sin recursos pedagógicos y psicosociales, por la falta de redes familiares de apoyo, por instituciones que castigan pero no acompañan, por ciudades que no ofrecen refugio.

Como organización, hemos sostenido que el país necesita una justicia que no tenga como único destino muchos años de encierro. Celebramos las decisiones de la Fiscalía General de la Nación que priorizan la búsqueda de la verdad y el desmonte de redes criminales por encima del castigo ejemplarizante.

Pero también creemos que el SRPA no puede ser defendido solo en esta coyuntura. A diferencia del sistema penal para adultos, el SRPA no castiga desde la venganza punitiva: responsabiliza al adolescente, le exige reparar el daño y busca su reconciliación con la sociedad.

Es un camino más difícil, más exigente… pero más transformador.

Además, el uso del principio de oportunidad no significa dejar pasar un crimen: significa investigar más a fondo, llegar a quienes lo planearon y, aunque tarde, responderle al adolescente con justicia, no solo con encierro.

Creemos en una justicia que se centre en la reparación y el esclarecimiento, no en la estigmatización o el punitivismo. Una justicia que entienda que, en nuestros barrios, un adolescente puede estar en la esquina o en la escuela, pero que muchas veces ninguna de las dos le ofrece pertenencia. Entonces la busca en otra parte. Y muchas veces, quienes sí están dispuestos a ofrecerle pertenencia… también le entregan un arma.

Pero sí hay tiempo y responsabilidad para que el país deje de tratar a los adolescentes como enemigos.  Y empiece, de una vez por todas, a hacerles justicia.