Cuando la crisis se desata en forma de grande catástrofes humanitarias, los gobiernos vuelven la mirada sobre el Catatumbo para recoger los pedazos de tragedia que hacen evidente el abandono y la incapacidad de construir un territorio en paz con todas las letras de la palabra, que incluya dignidad para todos sus habitantes, acceso a servicios, oportunidades y ejercicios de reconciliación y reparación integrales. Pero en el Catatumbo, además de tensiones y enfrentamientos armados por los recursos naturales y por los cultivos y extracción de coca, existen también organizaciones con más imaginación para reprensar presentes y futuros distintos. 

Por su parte, Cúcuta, capital de Norte de Santander y una de las ciudades principales con mayor cercanía y referencia sobre el Catatumbo, ha vivido las consecuencias de ser una ciudad relativamente más grande y, por tanto, con acceso a una mayor infraestructura y servicios. No obstante, desarrolla sus posibilidades y las capacidades de las personas entre altos niveles de informalidad e ilegalidad con la presencia activa de estructuras armadas ilegales que ejercen dinámicas de violencia urbana, así como de grupos armados diferenciados. Cúcuta es una ciudad también fronteriza, una ciudad resistente y receptora, con más de 800.000 habitantes que se resuelven la vida para que quepan todos y todas.

Es en Cúcuta donde desarrollamos desde Casa de las Estrategias actividad social y cultural para adolescentes y jóvenes populares. Es también desde donde elaboramos este informe que, más allá de conocer las condiciones que detonaron la más reciente crisis de violencia en el Catatumbo que cumplido un mes deja más de 60 personas asesinadas, 21.000 confinadas y 51.000 desplazadas, que llegaron principalmente  a la ciudad de Cúcuta, indaga para entender la situación específica de los y las jóvenes de la región frente a la crisis, las amenazas diferenciadas a las que se ven expuestos y los riesgos que existen concretamente en Cúcuta. Pero también para analizar y resaltar los ejercicios de resistencia y, sobre todo, la convicción del camino de transformación social y territorial que se pueden recorrer en el territorio.

El informe tiene fuentes documentales de instituciones públicas, de declaraciones de personas prominentes en el desarrollo de esta crisis, datos que se han producido y entrevistas que hemos realizado en la ciudad de Cúcuta durante el mes de febrero de 2025 a distintas personas: una mujer defensora de derechos humanos originaria del Catatumbo que acompaña y empodera a mujeres desplazadas en su propia casa en Cúcuta; dos jóvenes estudiantes universitarios con liderazgos activos, una del Catatumbo y otro de Cúcuta; un investigador y defensor de derechos humanos y un periodista especialista en conflicto y dinámicas criminales, ambos de Cúcuta; y un funcionario del Ministerio Público en Norte de Santander.

Sin embargo, esos instrumentos en Colombia, por lo general, no son concretos en el tipo de exigencias y recomendaciones que deben tomar las instituciones porque, según las entidades, estas exigencias se cumplen pero son más administrativas y burocráticas que estratégicas y operativas y, en ese sentido, son insuficientes para que no se materialice la alerta. “Nos volvemos expertos en diagnosticar, pero malos dando soluciones” explica el abogado defensor de derechos humanos (E3).

El consenso general es que no se tomaron medidas ni se prestó mayor atención desde el Gobierno Nacional para hacer frente de manera contundente y organizada a los hechos que se detonarían el 16 de enero con el asesinato del sepulturero de Tibú y su familia, y los siguientes mensajes que circularon en Whatsapp sobre el despliegue de acciones ofensivas del ELN, como un golpe de autoridad en el Catatumbo con su mismo ejército para ejecutar la orden y el enfrentamiento para buscar eliminar al otro actor armado.

Efectos y respuestas – Resistencia y solidaridad ante la insuficiencia institucional

En pocas horas se desbordó una crisis humanitaria en la región que no tiene precedentes, por lo menos, en las últimas dos décadas en el país. Exactamente un mes después del inicio de la catástrofe violenta el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación de Norte de Santander contabilizó 63 homicidios, 21.193 personas confinadas y 51.738 personas desplazadas, de las cuales el 52% llegaron a la ciudad de Cúcuta, seguida por Ocaña que recibió en ese momento cerca del 20% (2025).

En el mismo informe se da cuenta de la cantidad de ayuda humanitaria recolectada y de las atenciones, como, por ejemplo, las respuestas de albergue, también discriminadas por ciudad.  No obstante, las respuestas ante esta crisis se han venido desarrollando por parte de distintos actores y en distintos grados y formas.

Con el comienzo de la llegada de personas desplazadas a los municipios, la solidaridad ciudadana se desplegó. “La gente se volcó de manera masiva a ayudar” (E4), afirma una de las jóvenes entrevistadas. Esta ayuda se materializó en la donación y organización de la recepción de ropa, comida y otros insumos, en la acogida a amigos y familiares en los hogares; también en la puesta en marcha iniciativas artísticas y culturales, muchas de ellas impulsadas por jóvenes. Como señala la joven, “desde el primer día son los que han estado colocando la cara y el esfuerzo”. Entre estas iniciativas destacan el desarrollo de talleres de serigrafía, la puesta en marcha de obras teatrales o una iniciativa juvenil junto al Ministerio de las Culturas y las Artes basada en la celebración de un concierto para recaudar fondos, aunque con un impacto menor al esperado.

Cuenta además que delegados y delegadas del Consejo departamental de juventudes pusieron puntos de acopios en distintos lugares y desde Ocaña jóvenes lanzaron la campaña “SOS Catatumbo” que busca movilizar la solidaridad y demandar atención a la crisis. Otras respuestas ciudadanas que se identifican es la creación de una cadena de apoyo entre mujeres migrantes,  mujeres venezolanas que fueron acogidas en su llegada al territorio colombiano son ahora las que acogen y acompañan a las personas desplazadas.

Si bien es importante valorar la existencia de cadenas de apoyo mutuo, de solidaridad y de empatía que se ponen de manifiesto, también hay que atender otra realidad que las personas entrevistadas confirman: la respuesta de la ciudadanía ante las personas desplazadas no es la misma que la recibida a nivel colectivo por las personas migrantes venezolanas. Estás últimas no despertaron en la población el mencionado sentimiento de solidaridad y acogida generalizado. Esto condiciona las acciones emprendidas y pone en evidencia la selectividad de la empatía de las sociedades de acogida. 

Pese a que estás reacciones ciudadanas solidarias son valiosas y preciadas, su permanencia es incierta. “¿Hasta cuándo nos va a durar la solidaridad?”, pregunta uno de los jóvenes entrevistados (E2). No es posible que sea indefinida, y algunas de estas respuestas ya han ido perdiendo fuerza al ritmo que la situación ha ido alargándose. Algunas personas consideran la ayuda como una pérdida de tiempo, una carga o esperan algún tipo de compensación, viciando así el sentido genuino de la solidaridad. Del mismo modo,  aun cuando no puede pretenderse ni desearse que las respuestas dependan en exclusividad de la ciudadanía, la magnitud del fenómeno y de las necesidades superan ampliamente la capacidad de respuesta de la misma. 

En este contexto, organizaciones y colectivos de ámbito local y nacional también desplegaron esfuerzos para la atención de las personas desplazadas y de sus necesidades, poniendo de manifiesto la movilización y construcción de espacios colectivos de una población que ha sufrido el abandono y el rezago histórico en el cumplimiento de acuerdos y obligaciones estatales. Se destaca el papel y contribución de asociaciones de mujeres, colectivos juveniles, organizaciones campesinas y juntas de acción comunal. Como ejemplo de estas contribuciones encontramos el plan de contingencia creado por la Mesa de Victimas de Ocaña para dar respuesta urgente a la situación realizando ollas comunitarias y preparando espacios de acogida ante la incapacidad de la alcaldía. Se resalta  también las formas de organización y resistencia del pueblo Barí, quienes han decidido no desplazarse y optar por la permanencia en el territorio, generando asambleas con numerosas comunidades para proteger su resguardo.

En el plano institucional y según los testimonios recogidos, las alcaldías han asumido el mando. Han habilitado estadios deportivos para la atención inicial, como en el caso de Cúcuta, donde personas voluntarias apoyaban el registro y censo para la posterior clasificación y entrega de ayudas; y dispuesto hoteles y albergues para el alojamiento temporal de personas desplazadas. En municipios como Tibú, algunas escuelas se utilizaron como refugios,  lo que implicó un retraso en el inicio del año escolar de las niñas y niños matriculados.

Del mismo modo, merece la pena mencionar la disposición de un edificio por parte de la Gobernación para habilitar el Colegio Temporal para la Paz, institución que ofrece clase a niñas, niños y jóvenes desplazados y que tiende a que puedan regresar a sus centros educativos de origen.  En este centro, son docentes que también sufrieron el desplazamiento quienes imparten las clases, y se facilita a cada estudiante los útiles escolares, el transporte y la alimentación escolar.

No obstante y así como se ha mencionado que la magnitud y la urgencia del fenómeno rebasan la posibilidad de respuestas ciudadanas, las alcaldías también se vieron desbordadas porque nunca se calculó el tamaño de la atención que iban a tener que prestar. Se desarrollaron acciones de asistencia inmediata coordinadas con el marco legal y se gestionaron espacios de atención, trabajando así bajo un marco de iniciativas urgentes y asistenciales. Pero la inexistencia de planes estratégicos, de acciones programadas y, en general, de rutas de la administración municipal, departamental y nacional, sumado a la escasa organización y focalización de los recursos ante un conteo y caracterización de las personas muy limitado, ha dado lugar a respuestas insuficientes, débiles e inadecuadas para atender las necesidades de las personas desplazadas. “De la forma como es el desayuno uno ya sabe cómo van a ser el resto de las comidas. Y este desayuno ha sido muy malo, la respuesta ha sido muy, muy débil” (E2), denuncia uno de los jóvenes entrevistados.

La consecuencia de esta gestión deficiente ha sido la precarización de las condiciones de las personas que iban llegando a los distintos municipios: mercados insuficientes y, en ocasiones, sin lugar donde cocinarlos; espacios donde vivir que no pueden mantenerse de forma indefinida y algunos sin condiciones mínimas de habitabilidad; o necesidades de salud y educación no resueltas. Por ello, sin garantías de presente y futuro digno y alejadas de sus territorios, muchas personas optaron por regresar aun  sin garantías de seguridad.

Las organizaciones del Catatumbo siempre han sabido organizarse y saben muy bien lo que necesitan. Han sido víctimas de serios incumplimientos estatales y especialmente entienden los múltiples componentes que integran el concepto de paz. Por esto, declaran que la militarización como respuesta principal ante la crisis social y humanitaria que asola a la región no puede ser la solución y manifiestan la disposición absoluta en la defensa de la vida y la permanencia en el territorio, insistiendo en la salida política a través del diálogo. La figura de la Conmoción Interior, usada en Colombia durante un total de más de 38 años de forma discontinua desde la promulgación de la Constitución de 1886, lejos de mejorar la situación ha generado mayor incertidumbre, podría criminalizar a organizaciones y, como advierten varios entrevistados, abre la puerta a riesgos de corrupción y a una gestión ineficaz de los recursos. En lugar de esto, las organizaciones del territorio solicitan al Gobierno Nacional la firma y cumplimiento del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, un proceso de diálogo fruto del trabajo colectivo iniciado en el año 2022 entre las comunidades y el Gobierno Nacional que se establece como hoja de ruta a seguir y abarca avance en varias áreas claves, así:

la desatención institucional ante estas problemáticas equivale a un abandono de las juventudes, de sus presentes y futuros.

Para ejemplificar esta situación, nos gustaría hablar sobre el testimonio que nos aporta uno de los jóvenes entrevistados (E2), quien refleja el escenario de una ciudad que no ha sabido ni ha tenido los recursos para cuidar de sus habitantes, especialmente de los más jóvenes. Nacido en  Cúcuta y residiendo actualmente en Medellín donde cursa sus estudios universitarios, apuesta por el impulso del conocimiento y reconocimiento de la historia del territorio y por una inversión cultural y educativa que fomenten la transformación de la ciudad. Este joven activista ha desarrollado una labor de activismo en Cúcuta, y, a pesar de sus esfuerzos y ganas de estar y trabajar en y por el territorio, las condiciones de la ciudad le imposibilitan residir aquí. Para él, al igual que para muchas y muchos otros, no existen oportunidades educativas que favorezcan su futuro ni tampoco posibilidades económicas para subsistir él y apoyar a su familia, residentes en Cúcuta. “Yo quiero hacer cosas por Cúcuta. Pero yo también pienso como un joven que, si me vuelvo a Cúcuta, ¿cómo me mantengo?” (E2).

Si bien el reclutamiento de menores no es algo nuevo en el Catatumbo, todo indica a que con esta situación este fenómeno va a ir en aumento, algo en lo que todas las personas entrevistadas coinciden, denunciando la desatención institucional ante estos hechos. Partiendo de que el reclutamiento ya no tiene su base fundamental en cuestiones ideológicas sino en el aprovechamiento y explotación de la falta de oportunidades de las juventudes, nos encontramos ante un escenario ideal para su persistencia y expansión. A esta precarización y vulnerabilidad generalizada se suman las y los jóvenes recién llegados a Cúcuta, ciudad que, antes de la detonación de esta crisis, venía experimentando una llegada de personas migrantes sin precedentes a las que no ha tenido capacidad para garantizar sus derechos. Esta juventud recién llegada es en su mayoría campesina y se encuentra desescolarizada, desempleada o ligada a economías informales, sin redes de apoyo ni arraigo en la ciudad, enfrentando el peso de la estigmatización. Ante este escenario, es mucho más fácil que acabe utilizada por estas economías informales o ilegales que les ofrecen oportunidades a partir de la vinculación a dinámicas del conflicto armado.

Junto al reclutamiento como un fenómeno ya existente y con posibilidades de expansión ante la situación que atraviesa la región, la trata y la explotación sexual, ya presentes en el territorio son fenómenos vinculados a estas economías también tendentes a aumentar. Sin ir más lejos, una de las lideresas sociales entrevistada (E5) relata que durante los primeros días de esta crisis los proxenetas llegaron a los hoteles donde las personas desplazadas se alojaban ofreciendo salidas a sus situaciones. Así, se refleja cómo este tipo de economías acechan la necesidad, el hambre, el desespero y el miedo, perpetuando ciclos de explotación y violencia. 

Si bien como se ha mencionado la realidad es compleja y existen riesgos presentes y probables que exigen atención, es peligroso caer en un discurso estigmatizante y reduccionista de la juventud de la región. Discurso que categoriza a las juventudes como sujetos sin capacidad de decisión condenados a la delincuencia y a la participación en las dinámicas de los grupos armados y sus actividades. Pese a este contexto de desequilibrios, con múltiples obstáculos y barreras, es necesario convencerse que la juventud cucuteña tiene un alto potencial y se constituye como actores con capacidad de desear, imaginar y hacer posible otros futuros

De acuerdo con las declaraciones de las personas entrevistadas, la potencialidad de las juventudes cucuteñas reside en las expresiones artísticas, culturales, deportivas y académicas que crean y desarrollan, así como en sus reivindicaciones y manifestaciones de apoyo, permanencia y resistencia. Mediante estas acciones, favorecen el reconocimiento y las posibilidades de plantear proyectos de vida que contribuyan en positivo a sus propias trayectorias, al conjunto de la ciudad y a la construcción de paz. Sin embargo, las respuestas institucionales alejadas del cortoplacismo, la reactividad y el asistencialismo para promover y mantener este potencial y talento emergente y existente son urgentes. Se requiere la construcción de estrategias integrales que no sólo atiendan la emergencia, sino que creen alternativas sostenibles que protejan y blinden los derechos de las juventudes y que eviten que sean arrastrados por la violencia estructural y la exclusión. Estrategias que manifiesten no sólo voluntad, sino también seriedad política acompañada de una definición y exposición de los recursos que permitan materializarlas. Por el contrario, el riesgo de caer en círculos de violencia y exclusión o de verse empujados a abandonar el territorio seguirá siendo potencial.

Conclusiones

• La crisis humanitaria en el Catatumbo en 2025 no fue un evento inesperado, sino la materialización de alertas tempranas ignoradas. La falta de acción preventiva y de atención por parte del Gobierno Nacional y la escasa claridad de las medidas exigidas por el Ministerio Público evidenció una vez más la brecha entre el diagnóstico y la implementación de soluciones efectivas y acordes a la situación diagnosticada.

• La magnitud de la crisis superó todas las previsiones, generando un desplazamiento masivo y un sufrimiento profundo en la población y, aunque la solidaridad ciudadana y los esfuerzos de organizaciones locales fueron valiosos, las respuestas institucionales resultaron insuficientes y descoordinadas, dejando a las comunidades vulnerables en una situación precaria.

• Los jóvenes en Cúcuta y el Catatumbo enfrentan una situación de alta vulnerabilidad, expuestos al reclutamiento, la trata y la explotación. La falta de oportunidades educativas y laborales, sumada a la influencia de economías ilegales, crea condiciones para la violencia y la desesperanza.
• Es necesario imaginar y tecnificar la creación e implementación de estrategias integrales que protejan a los jóvenes, promuevan su desarrollo y les ofrezcan alternativas de vida sostenibles.
• La militarización no es la solución para el Catatumbo. Se requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del conflicto, incluyendo la falta de desarrollo, la exclusión social y la desigualdad y una diferenciación y especialización con la acción policial para recuperar la autoridad del Estado.
• El Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo representa una oportunidad para construir una paz duradera, basada en el diálogo, la participación y el respeto por los derechos humanos.
• El panorama a futuro es desafiante, con la persistencia de la violencia y el aumento de la vulnerabilidad. Sin embargo, la resiliencia de las comunidades y el potencial de la juventud ofrecen un camino de imaginación y solidaridad para la transformación territorial. Es fundamental que las instituciones y la sociedad en general se comprometan a construir un futuro más justo y seguro para el Catatumbo y Cúcuta.