Por primera vez desde que iniciamos este análisis o “Dateo” sobre la cifras de homicidios en la ciudad de Medellín, abrimos el espectro a otra mirada que nos permita analizar una dinámica criminal que se instala en los territorios desde el control, las rentas económicas y el ejercicio del miedo para fortalecer su capacidad de movilidad y sostener el poder que históricamente los grupos delincuenciales han logrado consolidar. 

Celebramos la reducción de homicidios en la ciudad, pero ponemos en consideración los posibles factores que la generan, los actores institucionales o ilegales que inciden directamente en ella, y los faltantes para la consolidación de una cultura del respeto por la vida y una política de seguridad integral que logre la reducción del miedo y el control territorial que se ejerce sobre barrios y zonas de disputa en la ciudad.

Es innegable que esta expectativa de la presencia integral de la institucionalidad, convive de manera simultánea con un orden cotidiano instaurado por los grupos de delincuencia organizada, quienes en la práctica operan como un orden para estatal que regula la vida cotidiana de la población, gestiona recursos públicos, son fuente de empleo, y algo fundamental, inciden en la constitución de las relaciones de convivencia en los barrios. Para esto, desde hace algunos años, han desarrollado una forma de dominación en la cual el uso de la violencia homicida ha disminuido y se encuentra fuertemente regulado, apelando a otras formas de victimización que son el combustible de la criminalidad como la extorsión y coerción económica, el desplazamiento intraurbano, y en algunos casos la desaparición forzada.

“Lo que hay en la ciudad entonces es un orden social de dos caras, en el que conviven simultáneamente sin mayores contradicciones, legalidad e ilegalidad, institucionalidad y criminalidad, y como resultado de una suerte de confluencia de intereses, hay uno de los homicidios que todos buscan apropiarse y capitalizar.”

Medellín culmina el 2024 con 319 homicidios, 59 casos menos que el 2023, una disminución del 16%. Por sexo, las víctimas son 290 hombres (91% del total), y 28 mujeres (9%), en 17 de los casos se presume que fueron feminicidios. Las principales posibles causas son: por determinar 97 (30.5% del total), por estructuras criminales 82 (26%) y por convivencia 79 (25%). Llama la atención que los casos de homicidios asociados a violencia de género pasaron de 14 en 2023 a 21 en 2024, un incremento del 50%.

Con respecto al arma utilizada, se cometieron 156 homicidios con arma de fuego  (49% del total), 110 (34.5%) con arma blanca y 24 (7.5%) con arma contundente. Finalmente, la comuna Candelaria (centro de la ciudad) fue la más mortal, con 71 casos (22% del total) seguida por Castilla con 25 casos (8%) y tercera, Robledo con 21 (6.6%).

Según cifras del Sistema de información para la seguridad y la convivencia (SISC), el cierre de 2024 trajo consigo un descenso destacado, con una reducción del 20.22% en los homicidios respecto del año 2023. Con una tasa de 11.7 homicidios por cada cien mil habitantes en 2024, Medellín ha alcanzado el nivel más bajo de violencia homicida en cuatro décadas.

En cuanto a feminicidios. En el 2023 se contabilizaron 23 casos, mientras que para el año 2024 se tienen enlistados 17. con una reducción cercana al 30%.

Preocupan las modalidades violentas frente al feminicidio

El 2024 es el año con más casos de mujeres asesinadas y posteriormente abandonadas en contenedores, no solo en Medellín, sino en todo el Valle de Aburrá, de acuerdo con los registros de cada caso. El entorno íntimo de las víctimas de feminicidio sigue siendo un gran factor de riesgo de vulnerabilidad, ya que dentro de la clasificación y segmentación de sus victimarios aparecen en los primeros lugares pareja, expareja o algún victimario con conexión directa con la víctima.

Control territorial

Como se ha mencionado, la reducción de los homicidios en Medellín es un fenómeno complejo que no puede atribuirse a una acción específica, sino a una serie de factores interrelacionados. Entre estos destacan, sin lugar a dudas, las negociaciones de paz con actores armados, pero también dinámicas propias del crimen como la rentas y sus mercados locales e internacionales, su relación con actores legales e incluso estatales, y la disposición de los jóvenes a vincularse a través de las lógicas y estrategias de reclutamiento impuestas, siendo estos jóvenes en su mayoría, víctimas y victimarios de la violencia homicida.

En una ciudad históricamente dominada por el control social de estructuras armadas organizadas, las acciones institucionales, por sí solas, tienen un alcance limitado en la prevención de homicidios y delitos. Esto resalta la importancia de los diálogos sociojurídicos como una herramienta complementaria para abordar de manera efectiva la violencia y mejorar la seguridad.

La primera década del 2000 reflejó el poder territorial ejercido por los grupos armados ilegales en Medellín. Este control contribuyó a la reducción de homicidios mediante pactos entre estructuras criminales, que delimitaron territorios y actividades ilícitas, evitando recurrir a la violencia homicida.

Si bien ilegal, este dominio territorial evidenció su capacidad para imponer una especie de “pacificación armada” en ciertas áreas, al prevenir enfrentamientos directos entre actores violentos. Este fenómeno, aunque controversial, puso de manifiesto cómo las dinámicas del crimen organizado eran determinantes  en la seguridad urbana de la época.

La violencia en Medellín no es solo una cuestión institucionalizada; también está profundamente arraigada y capitalizada en una base social que ha moldeado aspectos de la identidad local y del tejido de la ciudad.

Sin embargo, esta narrativa ha evolucionado significativamente. En la actualidad, conceptos como la «paz total» han pasado a formar parte de las estrategias de estos grupos, que buscan preservar su poder y legitimidad ante la comunidad. Esta transformación refleja un cambio en las dinámicas del control territorial, donde la estabilidad y el respaldo social se han vuelto esenciales para su supervivencia.

Durante el último año, han sido de público conocimiento los reajustes criminales a partir de homicidios selectivos que se han dado en diferentes comunas de Medellín como el Poblado, o Belén, en donde las víctimas han sido presuntos “desertores” de espacio socio-jurìdico de diálogo, como el caso de Édinson Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, quien era facilitador de paz en el proceso de “paz urbana” que adelanta el Gobierno nacional en la cárcel de Itagüí. Édinson Rojas cumplía el rol de “facilitador de paz”, en representación de su jefe y asistió a algunas reuniones relacionadas con esa gestión. Extraoficialmente se dice que su muerte se generó por un ajuste de cuentas dentro de la Oficina, pues su salida de la cárcel y su intento de recuperar el poder de la Terraza habría generado molestia.

O como el más reciente “toque de queda” impuesto por alias Milton y alias Pipesito y su posterior desaparición. Ambos desaparecidos, eran integrantes de la banda “Los Joaquinillos” con influencia en los barrios Altavista y Rincón de la comuna 16, Belén.  Todo esto se da, en medio de una división interna y los deseos de uno de los cabecillas de hacer caso omiso a las directrices que se emiten desde la mesa de paz de la cárcel de Itagüí. Al parecer, los cabecillas de estos grupos están actuando de manera independiente y desobedeciendo las directrices de los jefes recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, que está negociando la paz urbana con el gobierno nacional, y cada uno está tratando de ejercer su poder a conveniencia.

Dinámicas internas de las estructuras armadas y su impacto en la reducción de homicidios

La reducción de homicidios en Medellín no puede atribuirse únicamente a las acciones del Estado, sino que también responde a una estrategia y lógica interna y operativa de los grupos armados. Históricamente, estas organizaciones han ejercido un control sobre la violencia en la ciudad, decidiendo cómo, cuándo y dónde asesinar. Ante la ausencia de una presencia estatal efectiva, estos grupos han impuesto su propio orden social y económico. La disminución de la violencia homicida puede interpretarse como una estrategia para mantener su control territorial sin provocar represalias significativas por parte de las fuerzas del Estado. Este fenómeno se relaciona estrechamente con el concepto de “Paz Urbana”, que ha cobrado fuerza en los años recientes.

Además, los grupos armados han diversificado sus fuentes de financiamiento legal o ilegal, enfocándose en actividades como la extorsión, el microtráfico y la corrupción, que no requieren necesariamente el uso de la violencia homicida para ser rentables. Esta reconfiguración de sus dinámicas ha influido de manera determinante en la reducción de homicidios en la ciudad.

En ningún caso, le ha sido fácil demostrar a las administraciones municipales y a su política de seguridad, la correlación entre la implementación de sus políticas y estrategias de seguridad y la reducción de la tasa de homicidio en la ciudad. De alguna manera, los integrantes de la mesa de diálogos sociojurídicos, tanto miembros de la estructuras criminales, como representantes del gobierno, han podido sustentar más de manera más elocuente la cosecha de sus frutos en los diferentes escenarios de socialización en los que han participado Organizaciones de la sociedad civil, veedurías, mesas y representantes de las víctimas, en donde parte y parte, coinciden en algunos acuerdos y compromisos que les han permitido “cacarear” el huevo de la seguridad y la reducción de homicidios.

El modelo gerencial de la Seguridad:

El PISCC (Plan Integral de Seguridad y Convivencia) como ejercicio estratégico establece un marco de referencia y acción orientado a la disminución de las problemáticas en convivencia y seguridad, y a la prevención de diferentes tipos de violencias y conflictividades sociales. También, es una herramienta a través de la cual se focaliza el accionar de los diferentes actores corresponsables de la seguridad y la convivencia ciudadana en la reducción de los delitos y los comportamientos contrarios a la convivencia. En este sentido, posibilita la priorización de problemas, territorios y grupos poblacionales.

A un año de gobierno, no conocemos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), la ruta de navegación en materia de estrategia y articulación institucional para la seguridad en la ciudad de Medellín. Tampoco el Plan de Desarrollo ofrece luces sobre la actualización o evaluación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia creada y aprobada en el 2015, la cual había sido pensada para un horizonte de implementación de 10 años, es decir, su vigencia como estrategia finaliza en el presente año. 

Hacemos también un llamado de atención, sin ser menos importante, a la falta de información pública en los portales institucionales en donde se socialicen los planes de acción y estrategias en materia de seguridad, como un ejercicio de transparencia y diálogo con la ciudadanía.

Los adolescentes y su peso en la ecuación de la Paz Urbana:

Los jóvenes de Medellín que integran este cúmulo de fuerza laboral y materia prima para la comisión de tareas a todo nivel dentro de las estructuras criminales de la ciudad, deben tener un peso muy importante en las políticas y programas de reintegración social y territorial. Esto requiere el concurso y la articulación de todos los actores, no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales, empresarios, sector educativo y organizaciones de la sociedad civil ya que se presume que entre 10.000 y 13.000 jóvenes hoy están vinculados a esas organizaciones. 

En Medellín, gran parte de los jóvenes se resisten a perpetuar las lógicas violentas y manifiestan una gran disposición a la participación ciudadana y comunitaria según una encuesta realizada en 2020 por Medellín Cómo Vamos, y ratificado por las marchas y manifestaciones de los últimos períodos que canalizaron un descontento ciudadano en múltiples ámbitos como el económico, político, social y cultural y que fue en gran medida impulsado por la población joven. Esto indica una disposición de los jóvenes a ejercer su derecho a las ciudades y a reconocerse como sujetos políticos y vitales en la construcción de ciudadanía. Potenciar esto desde la Justicia Restaurativa, y la reconstrucción de sus proyectos de vida tiene el potencial de dar paso hacia ser más críticos  y tomar mejores decisiones frente a fenómenos sociales como la violencia y las injusticias dentro de sus trayectorias de vida.